Gestión & Salud

El gobierno nacional resolvió reorganizar la clasificación de la medicina prepaga

La medida fue informada mediante la Resolución 1950/2021 del Boletín Oficial. Las entidades tienen 90 días para brindar datos sobre facturación, número de afiliados y planes que ofrecen.

La Superintendencia de Servicios de Salud segmentó a las empresas de medicina prepaga, según la cantidad de asociados y el valor de su cápita, con distintos requerimientos de información y exigencias de tarifas y control.

Las autoridades nacionales sostuvieron que correspondía tipificar a estas compañías, "disponiendo los requisitos específucos que se deberán acreditar para integrar cada clasificación, así como los requisitos y obligaciones que deberán cumplirse en cada caso."

Así, las firmas que actualmente estén inscriptas, sea en forma definitiva o provisoria en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, deberán solicitar su inclusión dentro del nuevo esquema de ordenamiento.

La tipificación definada es la siguiente:

TIPO A: lo integrarán las entidades que cumplan los siguientes requisitos:

1. brinden al menos un plan de cobertura integral en los términos del artículo 7º, primer párrafo, de la Ley Nº 26.682;

2. cuenten con más de CINCUENTA MIL (50.000) usuarios;

3. su cápita promedio por usuario resulte igual o superior a PESOS CUATRO MIL ($4.000), valor que será actualizado en la misma proporción y oportunidades en que se hagan efectivos los aumentos de cuotas de los planes prestacionales autorizados en función del artículo 17 de la Ley Nº 26.682.

TIPO B: lo integrarán las entidades que cumplan con el requisito del numeral 1 del inciso anterior, pero no con los restantes requisitos.

TIPO C: estará integrado por las entidades que no cumplan los requisitos de los tipos anteriores.

Si alguna empresa no brinda los datos , se procede a una tipificación provisoria y se podrá "intimar la presentación de toda información faltante, disponer la realización de auditorías integrales, iniciar actuaciones sumariales a los efectos de determinar la procedencia de aplicar sanciones e, incluso, proceder a la baja de la entidad incumplidora en caso de no subsanar su incumplimiento."

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