Precios regulados y costos liberados en el sector de la medicina privada

Las negociaciones entre el Estado y las empresas de salud deben entablarse en el marco de un análisis técnico de costos que sea objetivo, para fijar precios que permitan una actividad sostenible. Entrevista a C.P Mauricio Lambertucci

Desde el año pasado, cuando las empresas de medicina prepaga recibieron la autorización para aumentar tan solo un 10% las cuotas de sus afiliados en un año marcado por la alta demanda de sus servicios por el contexto pandémico, la reciente negativa por parte del Ejecutivo de un nuevo incremento del 7% aumentaron aún más las tensiones entre ambos sectores.

Con una rentabilidad en riesgo, las empresas de medicina privada alegan que los costos de haber sostenido las prestaciones durante el año pasado incrementaron mucho más que el aumento en el precio de las cuotas permitido por el gobierno, y que de no aplicar nuevos aumentos las prestaciones a sus afiliados se verían recortadas.

El incremento en los ítems: salarial 21,4%, IPC 38%, gastos de salud 49,4%, dólar 42,86%, PMO (sin Covid-19) 38,59 y los medicamentos de baja incidencia y de alto costo crecieron 42,86%; son las razones que respaldan un incremento del valor de la cuota, según el análisis que las compañías acercaron al gobierno para negociar los incrementos.

Ante esta situación el C.P. Mauricio Lambertucci, Presidente de la Comisión de Estudios de Costos en Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Subdirector de la Carrera de Contador Público de la UBA y Director del Centro de Estudios de Competitividad de la Universidad de Belgrano, aportó su mirada al respecto: "la normatización de los informes de costos para uso de terceros provee de una herramienta a las cámaras empresariales, a las empresas en general, pero también a los funcionarios del gobierno para volver a creer en la información de costos que presentan los privados; ya sea para acceder a beneficios fiscales, como así también para negociar aumentos en los precios como consecuencia de incrementos en las estructuras de costos".

En Argentina, los informes técnicos de costos que presentan las empresas suelen quedar en un segundo plano de la negociación porque, en su confección, contienen un alto grado de subjetividad, ya que son informes preparados por profesionales que trabajan dentro del staff de las compañías. Son los denominados informes ad-hoc, es decir a medida, que están orientados a cumplir con alguna finalidad específica o formalidad de la empresa con los terceros y que utilizan criterios de elaboración diversos según la mirada o la necesidad de exposición de estas.

Por este motivo, terminan siendo poco comparables con los informes que pueden generar otras empresas del mismo ramo porque carecen de homogeneidad. Esta cuestión es conocida en la esfera pública y por los organismos de contralor, por lo cual a estos informes no se los consideran determinantes en los análisis que se efectúan.

Ante esta problemática, Lambertucci reconoce que una posible solución sería fijar conjuntos de protocolos específicos, por grupos de actividades económicas homogéneas, para preparar los informes, y que estos estén avalados por profesionales de Ciencias Económicas independientes. De esta manera se lograría homogeneidad y mayor objetivación de la información de la empresa. "Hay una iniciativa desde la Comisión de Estudios de Costos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se generen protocolos de confección de informes de costos certificables. Serían entonces los Consejos Profesionales de cada provincia los que, como instituciones independientes y con competencia específica, podrían certificar estos informes. Es destacable que estas instituciones no tendrían un interés económico o político en el resultado que estos informes arrojen, fomentando así la independencia y credibilidad de estos", expresó.

"En un contexto de alta regulación, la negociación de aumentos de precios debiera establecerse conociendo los resultados de informes técnicos de costos adecuadamente preparados, ya que estos permitirían una apreciación de la realidad y podrían fijar antecedentes para continuar un eventual reclamo de las empresas de medicina privada en otras instancias, como la judicial", indicó Lambertucci.

En el país, las tarifas de las prepagas están reguladas por el Estado, por medio de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Y la fijación de precios en una actividad regulada, como es el caso de las prepagas, es el resultado de una negociación entre un actor que tiene el poder de veto (el Estado) y los agentes privados que intentan justificar la factibilidad de ese aumento. Sin embargo, las discusiones de índole económica se mezclan con las intenciones políticas, dejando de lado los análisis técnicos de costos y beneficios.

Lo cierto es que la subsistencia de las empresas de medicina privada puede tornarse muy complicada con una ecuación de precios regulados y de costos liberados, sin el debido análisis estatal de la estructura de costos de las mismas. El experto hace referencia a costos liberados "por cuanto los factores que se utilizan para llevar adelante las actividades de medicina privada no están regulados por el Estado, sino por el mercado". Por lo tanto, los factores de costos más importantes, como la remuneración del trabajo humano o los insumos utilizados en las intervenciones de alta complejidad, pueden superar ampliamente los precios a cobrar fijados por el Estado. Esto pone en una difícil situación económica y financiera a las empresas, incrementando paulatinamente sus niveles de endeudamiento y fomentando una posible merma de la calidad o cantidad de prestaciones ofrecidas.

"Los precios regulados tienen que estar compensados en la cuantía en que los costos reales superen a los precios. En realidad, esto es lo que se tiene que negociar si se desea dotar de sustentabilidad a un esquema de precios regulados", acota el profesional. "Este es un problema económico al que se le busca una solución en la esfera política y que requiere un abordaje creativo. Por lo tanto, es una situación de compleja e incierta resolución".

Una alternativa que suele aplicarse en estas situaciones donde el precio al público no se quiere modificar, es otorgar subsidios estatales a las empresas. Sin embargo, esas crecientes erogaciones del presupuesto público solo pueden cubrirse con mayor endeudamiento o con mayor emisión monetaria; ambas soluciones generarán, a su vez, nuevas dificultades. Por lo tanto, de una u otra manera, el desfasaje del sistema termina siendo pagado por la población.

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