Incidencia económica de la Ley del Aborto en Argentina

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha estimado que el aborto clandestino con complicaciones graves puede costarle al Estado hasta 21 veces más que el aborto seguro.

Según la OMS en América Latina el 74% de los abortos ilegales terminan con alguna complicación que requiere de asistencia médica, ya sea en el sector publico o en el privado, lo que impacta directamente en los costos del sistema sanitario.

Existe un amplio abanico de argumentos a los que las personas se aferran para defender su postura, ya sea a favor o en contra. Sin embargo, el análisis económico de costo-beneficio no suele estar involucrado en el debate, a pesar de ser una arista muy importante.

Desde el lado del costo de la implementación del proyecto de ley, se estima que el sector de la salud pública podría recibir alrededor de 450 mil pacientes decididas a interrumpir el embarazo anualmente. Esta estimación surge de los estudios de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) según abortos clandestinos en el país.

El costo de realizar una práctica de estas características en un establecimiento público se estima en $6.082, si se aplica un tratamiento medicamentoso, y $15.620 si se interviene con Aspiración Manual Endouterina (AMEU). Esto significa que se incurriría en un costo total anual de $3.325 millones (a precios de diciembre del 2020).

Desde el lado del beneficio, la ley podría derivar en un ahorro para el Estado y para la sociedad en general. Hay que tener en cuenta que el sistema de salud público termina atendiendo un gran número de pacientes al año con graves complicaciones por procedimientos clandestinos sin los cuidados que se requieren.

Los registros anuales del Ministerio de Salud indican que se atienden en promedio 45 mil pacientes en el sector público por complicaciones en las intervenciones ilegales. Sin embargo, los datos sufren de problemas de sub-registro porque en muchos casos las pacientes no llegan a asistir a la institución.

El cuadro de la paciente puede presentar distintos niveles de gravedad, y esto demanda de atención médica de diferentes especialistas, ocupación de camas, intervenciones quirúrgicas, aplicación de tratamientos con fármacos y estudios específicos. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha estimado que el aborto clandestino con complicaciones graves puede costarle al Estado hasta 21 veces más que el aborto seguro.

Los costos ponderados por gravedad de la intervención indican que, a precios de diciembre del 2020, el Estado incurre anualmente en $2.586 millones por complicaciones en los abortos clandestinos. Esto arroja un costo promedio de $56,7 mil por paciente. En este número de pacientes y con la aprobación de la ley, el Estado se ahorraría el 88% del costo fiscal. Lo que podría estar destinado al tratamiento de otras patologías, o inclusive al tratamiento general de interrupción segura.

Dejar de incurrir en este costo se traduce en un beneficio económico, que se debe sumar al beneficio social de evitar las secuelas psicológicas, emocionales, laborales y de cuidado que generan los casos de aborto clandestino a las pacientes.


Lic. Antonella Gutiérrez La Bruna

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